Más de 100 personas se han concentrado este sábado en el Hospital Puerta del Mar en señal de protesta contra el deterioro y la privatización de la Sanidad Pública. Un acto enmarcado en un fin de semana repleto de actos de protestas a nivel estatal que tendrán lugar en más de 50 ciudades del país.
En palabras de Pepe Martínez Caño, representante de los trabajadores del Hospital Puerta del Mar, “estamos asistiendo a la mayor agresión llevada ha cabo nunca contra todo lo público, especialmente a la Sanidad Pública. Nunca tanto como ahora se ha privatizado ni bajado tanto la calidad de la asistencia”.
“Tras los muros de los centros sanitarios están ocurriendo verdaderas tragedias que la Sanidad Pública no está sabiendo abordar”.
Martínez Caño ha dejado tambien patente que “no somos conscientes de que podemos perder la Sanidad Pública para siempre, no somos conscientes de la gravísima situación que atravesamos”, “disponemos de una Sanidad Pública de altísima calidad que puede desaparecer”.
Igualmente se ha invitado a la asistencia a la convocatoria realizada por Marea Blanca Cádiz para el próximo 20 de marzo, una manifestaciónn contra la privatización y el deterioro de la Sanidad Pública y que partirá del Hospital Puerta del Mar a las 12:00 horas.
MANIFIESTO CONTRA EL DETERIORO Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA ANDALUZA
Ya nos pasaba con el anterior gobierno de la Junta del ala más derechista del PSOE encabezado por Susana Díaz, que potenció la estrategia de conciertos con la sanidad privada, externalizó al máximo los servicios no asistenciales (mantenimiento, almacenes, lavanderías, etc.) y generalizó el funcionamiento economicista de los centros mediante su modelo de Unidades de Gestión Clínica. Pero, desde el acceso al gobierno autonómico de las organizaciones derechistas tradicionales (PP y Cs) con el vergonzoso respaldo parlamentario de la extrema derecha (Vox), esa dinámica privatizadora, que ya incentivó en su día el PSOE, no ha hecho más que crecer y multiplicarse de forma imparable.
Empezaron haciéndolo con aquel primer (y fracasado) plan de choque contra las listas de espera de marzo de 2019, donde más del 60% de los 25,5 millones de euros presupuestados se destinaron al sector sanitario privado. Luego siguieron con uno de los mayores incrementos de la historia en el presupuesto anual destinado a conciertos con empresas de la sanidad privada, al establecerlo en 452 millones de dinero público para el año 2020 (casi un 10% más de lo presupuestado en 2019 y muy por encima del 4,1% de crecimiento del gasto total en salud para ese año). No conforme con ello, y durante el primer semestre de ese año, el gobierno derechista de la Junta acometió nuevas vueltas de tuerca en su estrategia privatizadora, primero, al imponer los 3 hospitales privados de que dispone la empresa Pascual en las localidades de Sanlúcar, El Puerto y Villamartín como centros obligatorios de referencia de 15 especialidades básicas para casi 300.000 gaditanos/as de las localidades de la costa noroeste y la sierra; y, segundo, suprimiendo de facto el complemento de exclusividad para el personal médico del SAS (¡incluso los jefes de unidades!), a fin de favorecer, así, la prestación simultánea de servicios en la sanidad pública y en la privada.
Pero el cenit de esa vergonzosa estrategia privatizadora lo alcanzó, sin duda, el gobierno derechista de la Junta de Andalucía bajo el paraguas de la pandemia por covid 19 que debutó el marzo de 2020. Para empezar, paralizaron prácticamente toda la actividad habitual de los Centros de Salud de Atención Primaria al encomendar a su personal de forma mayoritaria las labores de rastreo y seguimientos de casos covid (en lugar de asignarlas a otro personal específico y contratado expresamente para ello), lo
que supuso que el estudio y tratamiento desde Atención Primaria de los pacientes con otras patologías pasara a ocupar un segundo plano. Luego, con la falsa excusa de reducir al mínimo los riesgos de contagio en los centros (tanto en Centros de Salud como en Hospitales) y con el apoyo descarado de los sectores más corporativos e insolidarios de los colectivos profesionales, la Junta impuso la estrategia de las consultas telefónicas a todos los niveles y redujo casi a la inexistencia multitud de actividades asistenciales. El catastrófico resultado de todo ello fue (y es, aún hoy) cientos de miles de pacientes no covid abandonados, incremento brutal del tiempo de espera para ser atendidos (incluso en atención primaria), odiseas interminables para la obtención de una simple cita, reducción al mínimo de la atención directa y consecuente deterioro de la capacidad diagnóstica…, en suma, dolor, angustia y un sufrimiento absolutamente inaceptable para una gran parte de la población andaluza que se ha visto privada, a nuestro juicio y por el mero interés economicista de la Junta, de algo tan inviolable y esencial como lo es el derecho a la salud y a la vida.
A modo de colofón a todo ello, y como era previsible por desgracia, la guinda del pastel privatizador nos llegó el pasado verano cuando, escudándose hipócritamente en ese escenario de abandono y falta de atención (que ellos mismos habían provocado con su nefasta estrategia contra la covid 19), sus propios causantes políticos anunciaron la puesta en marcha de un segundo Plan de Choque dotado con un total de 200 millones de euros, de los que, otra vez, la gran mayoría (el 70%) se destinaba para operaciones (100 millones) y pruebas diagnósticas (30 millones) en el sector privado.
Pacientes directamente derivados desde la pública a los centros privados a los que habría que sumar también los “empujados” indirectamente: todos esos miles y miles de andaluces que a diario no tienen más opción que gastar sus exiguos recursos en contratar un seguro médico o acudir a un centro privado para poder ser tratado del problema de salud del que no le atienden en la pública; consultas y tratamientos que, para mayor ignominia, son cubiertos, en muchas ocasiones, de forma presencial en la privada por los mismos médicos/as de aquellos servicios que en la pública te atienden tan sólo por teléfono “para evitar riesgos” o te incorporan a listas de espera interminables y con fecha de atención desconocida.
El vergonzoso y lamentable resultado de todo ello lo puede constatar hoy cualquier ciudadano/a que tan sólo realice un recorrido por los centros sanitarios (públicos y privados) de cualquier localidad de nuestra comunidad o simplemente estudie con cierto detalle los datos estadísticos al respecto:
- Por un lado, frente al vaciamiento brutal de actividad que hoy día se aprecia en multitud de hospitales y centros de especialidades de nuestra comunidad, las clínicas y hospitales privados están literalmente abarrotados, alcanzando unos niveles de actividad nunca antes conocidos; en suma: salas, camas y consultas vacías en los centros públicos y actividad imparable y creciente, en cambio, en los centros privados.
- Y, por otro, frente al estancamiento de la estructura asistencial de la sanidad pública, crecimiento imparable de los centros de atención privados, que en muchos casos, incluso, florecen y se multiplican en los entornos urbanos cercanos de los propios centros públicos (sencillamente, vergonzoso).
En definitiva, un escenario general y perfectamente constatable, insistimos, de deterioro creciente de la sanidad pública y de fortalecimiento del sector sanitario privado, que crece imparable bajo el paraguas de la política sanitaria del PP, Cs y Vox.
Así, además de haber sido incapaces de frenar a tiempo la pandemia covid por no reforzar como era obligado la atención primaria y construir una estructura potente y eficaz de rastreo y realización de pruebas, el actual gobierno de la Junta tiene ya garantizado para siempre el triste título de haber sido no sólo el que más ha deteriorado la sanidad pública en nuestra comunidad, sino también el que más problemas y sufrimientos de salud ha provocado a una ciudadanía indefensa que, aturdida por el impacto brutal de la pandemia, asume con resignación y como algo casi inevitable los efectos de unas medidas que, en el fondo, únicamente responden a una forma concreta de hacer política: la consistente en favorecer siempre a los que más tienen en detrimento de los derechos y el bienestar de la inmensísima mayoría de los andaluces y andaluzas.
Por todo ello, desde las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar exigimos:
1. Que se recupere de forma inmediata la actividad asistencial en todos los centros sanitarios públicos, poniendo, al efecto, todos los medios y medidas de seguridad que resulten precisos (mascarillas, distancia de seguridad, etc.). La reducción de riesgos no puede pasar por la expulsión de los pacientes de los centros y la reducción de la actividad asistencial, sino por su pleno mantenimiento y prestación en condiciones de seguridad.
2. Que se ponga fin a la derivación de pacientes al sector privado y se revierta al sector sanitario público todos los recursos económicos destinados a planes de choque concertados con la privada.
3. Que se destine a la sanidad pública, al menos, la mitad del superávit económico de 688 millones de euros alcanzado por la Junta, según afirma, en 2020.
4. Que se recupere el complemento de exclusividad y que se limite drásticamente la posibilidad de trabajar de forma simultánea en el sector sanitario público y en el sector sanitario privado, especialmente en el caso de los cargos intermedios y responsables de centros y unidades.
5. Que todo el rastreo, seguimiento y atención de pacientes covid en AP se realice con personal adicional y específicamente contratado para dicha labor, de forma que el personal de los Centros de Salud pueda seguir realizando las tareas propias de asistencia y prevención que siempre han definido a la Primaria.
6. Que se diseñe con urgencia un plan de recuperación de camas en los centros hospitalarios públicos, revirtiendo para la actividad asistencial todos aquellos espacios transformados durante los últimos años en despachos, dormitorios, etc., a fin, así, no sólo de incrementar la capacidad asistencial de los centros de forma permanente, sino también para que las necesidades de ingreso de paciente covid (que ojalá nunca más se generen de forma masiva) no tenga que implicar inevitablemente la expulsión de pacientes de otras especialidades.
7. Finalmente, exigimos la realización de una auditoría urgente destinada a investigar y garantizar el uso que se ha dado a los 1.000 millones de euros entregados por el gobierno central el pasado año a la Junta de Andalucía para la asistencia covid, y muy especialmente sobre el derivado a conciertos con la sanidad privada y el empleado en obras y reformas estructurales, muchas de las cuales nada han tenido que ver, a nuestro juicio, con la mejora de la capacidad de actuación de la sanidad pública frente a la pandemia.
SECCIONES SINDICALES DE C.G.T. Y AUTONOMIA OBRERA DEL HOSPITAL
PUERTA DELMAR (CÁDIZ)