Tal y como publicamos la pasada semana, hoy miércoles 10 de marzo, el Tribunal Supremo ha analizado la condena de Kichi por presuntas calumnias a Teófila, cuando el primero señaló tanto a Teófila como Ignacio Romaní de permitir la distribución de agua contaminada, durante varios días, en el barrio gaditano de Loreto en 2014. El Supremo, con Miguel Colmenero de ponente, ha resuelto a favor del alcalde gaditano, dando por bueno tanto el recurso del propio alcalde, como al de la Fiscalía que tambien solicitaba la dabsolución de José María González.
Todo comenzó cuando un informe de la propia empresa municipal Aguas de Cádiz reflejaba que en 2014, entre septiembre y octubre, el abastecimiento en la zona de Loreto era agua contaminada. En aquel periodo Teófila era la alcaldesa e Ignacio Romaní era presidente de Aguas de Cádiz. Cuando ese informe llegó a manos de nuevo alcalde, José María González, lo hizo público y responsabilizó de ese acontecimiento a los máximos responsables políticos de la gestión del agua en Cádiz, Teófila y Romaní.
A partir de ahí hubo denuncia por parte de Teófila a Kichi, según la ex regidora porque se le había imputado sin motivo alguno delitos. En primera instancia Kichi la magistrada Esther Burgos absolvió a Kichi. Teofila recurrió y la audiencia condenó a Kichi por calumnias con publicidad con multa de 5000 euros y 3000 euros de indemnización para la ex alcaldesa y ex concejal.
Ahora es el Tribunal Supremo quien zanja la cuestión y absuelve a Kichi, desestimando la petición de la ex alcaldesa popular Teófila Martínez.
En la nota de emitida por el Tribunal Supremo se indica que “desde la perspectiva del derecho a la información no aprecia el tribunal exceso alguno que permita considerar delictiva la conducta. En este caso, según la sentencia, el recurrente procedió a informar a la opinión pública acerca del resultado de un informe encargado para tratar de aclarar lo sucedido en relación con un incidente en el suministro de agua potable a la población que dio lugar al corte del mismo durante unos días para los vecinos de un determinado barrio de la capital de la que era alcalde.
Para la Sala, informó de un asunto de interés general y en el curso de esa información transmitió a los vecinos su opinión relativa a la negligencia que apreciaba en la gestión de los anteriores responsables políticos y su decisión de trasladar el asunto a la Fiscalía, como efectivamente hizo, para depurar posibles responsabilidades.”