No es la primera vez, ni será la última en esta pandemia. Gobiernos y grandes medios de comunicación son expertos en “tirar balones fuera”. Ante los errores y negligencias en la gestión de la pandemia se trata de buscar siempre un blanco fácil al que culpabilizar. Lo vimos el verano pasado contra los temporeros agrícolas, en enero contra las familias que se reencontraron en navidades y ahora, un clásico: la culpa es de los y las jóvenes.
El brote de Mallorca, que ha generado más de un millar de contagiados en todo el Estado, se ha convertido en el principal ariete de esta estigmatización juvenil. El encierro forzoso en un hotel de más de 200 estudiantes, recientemente anulado por un juez, ha dado a los matinales y tertulianos los “culpables” personificados de todo lo que está sucediendo. Una medida que se basaba en un criterio tan arbitrario como que todo menor de 25 años que hubiera viajado a la isla en un grupo pasaba automáticamente a ser considerado contacto directo, siempre y cuando no fueran turistas extranjeros.
La culpa de este brote ha sido atribuida a la actitud “relajada” e “irresponsable” de todo joven que se fuera de viaje con sus amigos. Sin embargo, la celebración de eventos multitudinarios sin las medidas sanitarias necesarias, a los que obviamente iban a asistir jóvenes y adolescentes que llevan más de un año con su vida social reducida cuando no anulada, ha sido responsabilidad compartida de las administraciones y las grandes patronales del ocio.
En los meses anteriores se realizaron diferentes ensayos de eventos “seguros”. El concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi, con 5.000 personas bailando codo con codo, acabó sin ningún contagio. El “secreto” estuvo en la realización de antígenos a todos los asistentes antes de entrar. Esa fue la conclusión científica. La económica fue que las patronales de la noche y el ocio deberían asumir un sobre coste importante para que se garantizara una vuelta a las pistas de baile sin riesgo.
Lo que decidieron el ministerio de Sanidad, las consellerías de sanidad de las comunidades y las grandes patronales del ocio, es que estos experimentos estaban muy bien para vender a la prensa, pero era mejor correr ese riesgo y proteger los pingües beneficios que esperaban sacar con el retorno de la temporada estival. Así han reabierto discotecas y eventos, y eso es lo que explica el exponencial aumento de casos entre grupos de jóvenes que han participado.
Nadie habla de la responsabilidad de estos grandes empresarios. No estamos hablando del pequeño propietario que tiene un bar, sino de grandes grupos e inversores que están detrás de la producción de conciertos, festivales y macrofiestas, y que además de ser los reyes de la noche lo son de la precariedad laboral más extrema de sus trabajadores y trabajadoras.
A esta reapertura, pensada desde la óptica de recuperar los beneficios, se suma el hecho de que la juventud es el segmento poblacional que no ha entrado todavía en ninguna campaña de vacunación. Solo Catalunya anunció este miércoles que abría citas para ellos. Esto explica que la incidencia acumulada en la franja de 16 a 29 años roza ya los 300 casos, triplicando la general.
Los Ferreras, Susanas Griso o Ana Rosas Quintanas ya tienen campaña para las próximas semanas. Esta “carnaza” les va perfecta a los diferentes gobiernos para escurrir el bulto. También a las grandes patronales que, como las del campo el verano pasado, se irán de rositas.
La juventud tiene derecho a divertirse. Más de la mitad de los menores de 30 años tienen o han tenido en los últimos meses síntomas de ansiedad o depresión. Los intentos de suicidio se han triplicado. Al cierre o limitación de las clases, la virtualización de la docencia y la relaciones sociales, las restricciones de todo tipo, el desempleo juvenil de casi el 40%, la precariedad, la imposibilidad de emanciparse… se suma el haber sido señalados permanentemente como los grandes responsables de la crisis sanitaria.
Mientras los gobiernos que recortaron y privatizaron la sanidad, la patronal farmacéutica y las patentes sobre las vacunas y tratamientos, las empresas que no garantizaban condiciones de seguridad, los responsables de los transportes públicos abarrotados… han quedado indemnes, a pesar se ser los verdaderos responsables de este crimen social.
El combate de esta quinta ola no puede pasar por la criminalización, persecución y nuevos encierros contra la juventud. Es hora de exigir un retorno seguro de la vida social, cultural y educativa, con medidas que garanticen un ocio seguro, con testeos de antígenos masivos a costa de las patronales que se lucran a manos llenas de la noche y el divertimento juvenil, con una extensión e intensificación de la campaña de vacunación a todas las edades y la exigencia de la liberación inmediata de todas las patentes que hagan esto posible, no solo en el Estado español sino en todo el planeta, en especial los países semicoloniales donde las olas activas siguen causando auténticos estragos con decenas de miles de muertos diarios.