La sanidad no sale de la UCI. Aunque en las últimas fechas la situación ha mejorado levemente, sigue habiendo 661.162 personas que esperan a pasar por quirófano y hay más pacientes que en años anteriores a la pandemia que esperan más de seis meses en estas listas. Las comunidades autónomas más afectadas son Aragón (con un tiempo de espera para quirófano de 166 días), Castilla-La Mancha (159 días) y Cataluña (152 días).
Las largas listas de espera sólo son un reflejo de la situación general de la sanidad en el Estado español. En comunidades como Madrid, donde gobierna el PP de Ayuso, los servicios de Urgencias de numerosos centros de salud, como el de Colmenar Viejo, llevan meses cerrados con la excusa de la pandemia y la falta de dotación de medios y personal. En otros casos es directamente el centro de salud el que ha desaparecido. La Marea Blanca denuncia que este es el caso de 41 centros en toda la comunidad, lo cual ha producido una reacción ciudadana en forma de concentraciones frente a los centros cerrados o en riesgo de cierre.
En otras comunidades como Aragón, presidida por una coalición “progresista” entre PSOE, UP, CHA y PAR, el Servicio Aragonés de Salud presiona a sus trabajadores denegándoles las excedencias por cuidado de un familiar, tal y como reproducíamos en una declaración de los propios trabajadores y en Madrid, en mitad de la pandemia, Ayuso intentó privatizar el servicio de limpieza del hospital Gregorio Marañón, uno de los pocos servicios públicos de limpieza en hospitales que hoy quedan en Madrid.
Las largas colas de espera y el progresivo desmantelamiento de los servicios de salud se suma a las limitaciones que éste ya arrastraba desde antes de la pandemia, como la desatención a la salud mental; en un país donde el suicidio es la primera causa de muerte entre la juventud o a la salud visual. En el Estado español, un estudio señala que más de seis millones de personas podrían necesitar gafas, pero que no pueden permitirse su elevado coste. Ya ni hablar de la salud bucodental en manos de empresas privadas para quien pueda permitírselo.
El otro gran efecto del colapso sanitario está siendo la disminución de la esperanza de vida, que en 2020 se situó en nuestro país en 82,4 años; un año y medio por debajo del año anterior. Se trata del mayor bajón de esperanza de vida en los países de la OCDE, sólo por debajo de Estados Unidos, donde no existe la sanidad pública y el presidente recomendó a la población beber lejía.
Por poner un ejemplo de los efectos a medio y largo plazo del colapso sanitario, la detección del cáncer de mama en nuestro país se redujo en cinco puntos porcentuales en 2020. Esto hace que a la salud general de la población y la esperanza de vida se resientan, porque la detección temprana de determinadas enfermedades y trastornos es sustituida por su tratamiento de urgencia, provocando mayor colapso y disminuyendo las posibilidades de éxito en los procedimientos médicos.
El hecho es que las administraciones públicas están jugando con la salud de la población para abaratar costes y generar nuevos contratos con empresas privadas, y eso no es fruto del coronavirus sino de decisiones políticas. Ni siquiera tras una pandemia que ha puesto de manifiesto lo esencial que es contar con un servicio de salud bien dotado se está apostando por apuntalar uno de los servicios básicos para asegurar una calidad de vida mínima. Pero no se trata de que no se pueda hacer.
Durante la pandemia, algunas de las grandes fortunas del país y del planeta aumentaron, pero el Gobierno decide destinar los fondos de Europa en rescatar al IBEX35, lo cual además se cobrará con mayores ajustes sociales a las pensiones y servicios públicos.
Aunque el caso de Madrid, con la derecha trumpista de Ayuso, es muy sangrante porque se trata de una comunidad donde se destinaron cien millones de euros en la construcción de un hospital de pandemias que hoy tiene cientos de trabajadoras y solo decenas de pacientes al mismo tiempo que se producía el cierre de más de cuarenta centros de salud, las políticas privatizadoras de la sanidad han demostrado ser también la especialidad del PSOE, mostrando así que no se puede confiar en que un gobierno “un poco más progresista” pueda revertir estos ataques a los servicios públicos.