En segundo lugar, el 19,5% del total de sanciones (concretamente 197.288 multas) ha estado relacionado con la llamada «seguridad ciudadana» donde podemos encontrar sanciones por celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas por la autoridad, la desobediencia o la resistencia a la autoridad, la negativa a identificarse o las faltas de respeto y consideración hacia miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pese a las promesas de derogarla, el Tribunal Constitucional avaló recientemente esta legislación casi en su totalidad, solamente suprimiendo las sanciones relativas a las grabaciones «no autorizadas» a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Desde su entrada en vigor hace cinco años la ‘ley mordaza’ ha permitido a los agentes sancionar por infracciones que no llegan a calificarse de delitos sin necesidad de mucho papeleo.
De momento el Estado ha recaudado ya más de 5,8 millones de euros de estas sanciones. Una herramienta con la que el Estado ha convertido en habitual la represión económica hacia los activistas.