Los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de Justicia continúan con su huelga indefinida, asambleas informativas y movilizaciones, a la espera de una reunión crucial con el Ministerio sobre las mejoras retributivas que reclaman. Este colectivo, que representa al 93% del personal de la Administración de Justicia, exige el reconocimiento por las funciones que tradicionalmente llevan a cabo y que no les son debidamente reconocidas.
Después de casi dos meses de movilizaciones, el colectivo, encabezado por CSIF como la organización sindical mayoritaria, ha logrado que el Ministerio, dirigido por Pilar Llop, acceda a discutir mejoras salariales para los aproximadamente 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de todo el país. De estos, alrededor de 9.000 se encuentran en la comunidad andaluza, incluyendo aproximadamente 1.500 en la provincia de Cádiz.
Este martes los sindicatos convocantes (CSIF, STAJ, CCOO y UGT) llevarán a cabo una cacerolada frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, a las 10:30 a.m., para luego marchar en una manifestación hasta la plaza del Ayuntamiento. Posteriormente, se dirigirán a la sede local del PSOE en la Plaza Gaspar del Pino y luego a la sede provincial del PSOE en la plaza San Antonio. Al día siguiente, el miércoles, la cacerolada se llevará a cabo frente a la sede del PSOE en Jerez de la Frontera a las 10 a.m. Por último, el jueves se planea una cadena humana con interrupción del tráfico entre la Subdelegación del Gobierno y la Audiencia Provincial en Cádiz, a las 11 a.m.
Manuel Lobato, responsable del sector de Justicia de CSIF Cádiz, ha destacado que los funcionarios llevan décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente. Además, argumenta que si solo cumplieran con las funciones que se les asignan legalmente, el sistema de justicia no funcionaría en la actualidad ni habría funcionado nunca.
Según las estimaciones del comité de huelga, desde el inicio del conflicto se han suspendido y aplazado más de un millón de juicios, se han paralizado más de 40 millones de actuaciones judiciales y millones de ciudadanos en toda España se han visto afectados. CSIF lamenta los inconvenientes causados a la ciudadanía, pero subraya que la responsabilidad recae únicamente en el Ministerio.