Durante las concentraciones se ha denunciado públicamente las intenciones del ministro Escrivá de reducir las pensiones públicas a través de ampliar a 35 años el período de cómputo para calcular la pensión inicial y los cambios que pretende introducir en las prestaciones por viudedad.
El colectivo mantiene su rechazo al Pacto de Toledo y sus recomendaciones y el lema ‘Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden’, al que ahora se ha incluido «y lo público«.
Los portavoces de la COESPE (Coordinadora por la Defensa del sistema Público de Pensiones) han denunciado también que se quiera convertir en no contributivas las prestaciones por viudedad. «Las pensiones de supervivencia son contributivas porque el cónyuge ha cotizado para que en el momento del fallecimiento el cónyuge quede protegido». De sacarse del sistema de pensiones, creen que quedarán al arbitrio de cada Gobierno y ya son de las más bajas. Mantienen que «en ningún caso pueden reducirse hasta niveles de pensiones asistenciales», de menor cuantía.
La coordinadora critica que con el aumento del periodo de cotización para tener derecho a pensión hasta los 35 años lo que se busca es «reducir las pensiones» y alargar la vida laboral. Desde la organización denuncian que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en lugar de proponer la derogación de la reforma del sistema de 2011 lo que hace es «endurecerla». La organización mantiene que «la sostenibilidad del sistema queda demostrada».
Durante las acciones se ha hecho un llamamiento a acudir a las acciones de la jornada de movilización general del movimiento pensionista prevista para el próximo 25 de enero en numerosas ciudades y poblaciones del Estado.
